El 26 de junio
de 2002 en un operativo represivo coordinado del cual participaron diferentes
fuerzas de seguridad del Estado eran asesinados sobre el Puente Pueyrredón los
militantes populares Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. 12 años después sus
familiares y compañerxs siguen exigiendo juicio y castigo a los responsables
políticos de la masacre de Avellaneda.
El 26 de junio de 2002 varias
organizaciones acordaron un conjunto de movilizaciones y cortes en todos los
accesos de la Capital Federal. Una medida de lucha coordinada en línea con los
reclamos asociados a la crisis que se vivía por esos días en el país, que había
llevado a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, dejando un
saldo de 5 presidentes en menos de un mes y más importante aún un porcentaje de
desocupación mayor del 25%, y más del 50% de la población por debajo de la
línea de pobreza.
Las consignas con las que se movilizaron las
columnas fueron:
Un aumento general del salario
Una duplicación del monto en los subsidios para
desocupados
Más alimento para los comedores populares
Entre otras.
Cuando las columnas de la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón llegaron al Puente Pueyrredón ya se encontraba en el
lugar un fuerte despliegue de las fuerzas de Seguridad, que impidió el acceso a
los brazos del puente, dejando a los manifestantes aislados geográficamente.
Los manifestantes fueron desalojados del puente en un operativo conjunto de la
Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la
Gendarmería Nacional, encerrándolos desde los brazos superiores del puente
hacía Avenida Pavón.
Si bien había antecedentes de represiones fuertes
en la argentina por esos días, la represión desatada ese mediodía en el Puente
Pueyrredón fue particularmente brutal. Con un saldo de más de 50 heridos de
bala y dos muertos: Darío Santillán (22 años) y Maximiliano Kosteki (21 años).
La investigación posterior develó que Kosteki
recibió un disparo de Itaka sobre el puente. Probablemente el disparo haya sido
ejecutado por el propio Fanchioti, comisario a cargo del operativo. Los hechos
respecto al asesinato de Santillán no fueron determinados con exactitud. La
investigación concluyó que quien disparó contra Darío fue el cabo Acosta, por
la espalda, en la estación de tren de Avellaneda, mientras este socorría a
Kosteki que yacía tirado en el piso de la estación a causa del disparo que
había recibido.
Las imágenes de ese día son
impactantes: Maximiliano Kosteki, apoyado de espaldas contra el suelo con las
piernas en alza: las fuerzas de seguridad lo pusieron en esa posición para que
se desangre más rápido Darío Santillán se quedó en la estación tratando de
ayudarlo a levantarse, mientras el resto de los compañeros y compañeras corrían
en lo que se había convertido en una cacería policial, en donde le dispararon a
quemarropa.
Pero más impactante aún resulta el
hecho de que al día siguiente el diario de mayor circulación del país tituló en
su tapa que "La crisis (fue la que) causó dos nuevas muertes". No la
Policía Federal, ni la Provincial, ni la Gendarmería: la crisis. En la nota
editorial el periodista Julio Blanck sostenía la hipótesis que impulsó el
gobierno de Eduardo Duhalde: que los piqueteros se habían matado entre ellos.
Más aún, deliberadamente dejaron afuera de la secuencia de fotos publicadas aquellas
que (luego resultarían claves en la investigación) mostraban al cabo Acosta
apuntándole a Santillán por la espalda, así como la foto en la que se veía a Kosteki
con las piernas en alto.
En ese contexto, después de la
publicación de la secuencia de fotos que dejaba afuera evidencia central de los
sucesos en pos de argumentar que la violencia propia de los movimientos
piqueteros había terminado con la vida de dos de ellos (y herido de bala a más
de 50 más), los propios movimientos se movilizaron para denunciar la represión
del 26 de junio en el puente Pueyrredón y los asesinatos de Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, torciendo
el brazo del Diario Clarín que en los días posteriores al 27 de junio publica
la secuencia de fotos completa, obligando al gobierno de Duhalde a descartar la
hipótesis que había sostenido.
Gracias a la movilización y a la
lucha que se desató desde el campo popular exigiendo juicio y castigo a los
responsables de la masacre de Avellaneda, Fanchiotti y Acosta, los asesinos,
fueron condenados a cadena perpetua por doble homicidio y siete tentativas de
homicidio. El comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De
la Fuente fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento
agravado. Los otros dos acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y
el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a tres y dos años de cárcel,
respectivamente. El ex policía Celestino Robledo recibió la pena de diez meses
por «usurpación de autoridad», dado que actuó en la represión aunque ya no era
policía. Además, se iniciaron causas a los funcionarios Carlos Soria, Jorge
Vanossi y Oscar Rodríguez por falso testimonio.
Ahora bien, todavía nada se ha hecho
para castigar a los responsable intelectuales de la masacre. Si bien esta tuvo
consecuencias políticas precisas sobre el gobierno provisional de Duhalde, que se
vio obligado a llamar a elecciones de manera anticipada, aún hoy el Estado
Argentino se niega a abrir los archivos de la SIDE, a reconocer que el
operativo desplegado el 26 de junio de 2002 se realizó bajo la orden expresa
del poder central y a investigar a los responsables políticos. La masacre no se
enmarca en un caso de exceso policial, sino que la reconstrucción de los hechos
demuestra que la represión desplegada respondió a un operativo planificado de
represión del poder central a los movimientos sociales, al calor de los
procesos de organización y lucha que agitaban el conjunto del territorio. En
este sentido, las organizaciones piqueteras reclaman el enjuiciamiento de los
funcionarios que ordenaron la represión en el puente: Eduardo Duhalde,
Presidente de la República Argentina en ese entonces, Felipe Solá Gobernador de
la Pcia. de Buenos Aires, León Arslanián, Ministro de Seguridad, Aníbal
Fernández, Ministro del Interior, Juan José Álvarez, Secretario de Seguridad y
Alfredo Atanasoff, Ministro de Trabajo. Asimismo, denuncian el accionar del
juez Ariel Lijo como uno de los principales responsables de que la causa por
las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda haya sido
archivada.
Desde el 2002 a la fecha la causa estuvo cajoneada
y el juez ni siquiera respondió a informes solicitados por la fiscalía, sobre
el cruce de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades
policiales.
A 12 años de los asesinatos de Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki convocamos una vez más a una jornada de lucha
en la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Ex estación de
Avellaneda) bajo la consigna:
¡Juicio y Castigo a todos los responsables de la
Masacre de Avellaneda!
25/06 - 17hs. JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARIO
SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI.
Paneles, festival y Acto. Tocan Arbolito, Rally
Barrionuevo, La Delio Valdez, Sara Hebe.
26/06 - 11hs. Todxs al Puente Pueyrredón.
Compartimos algunos Videos sobre el tema
