Hay situaciones extraordinarias que marcan hitos.
Las sentencias sin pruebas de cadena perpetua a 4 trabajadores de Las Heras (Santa Cruz) y las importantes condenas a otros 6, marcan uno de estos momentos que no pueden pasar desapercibidos. Si bien para los medios de comunicación no parece ser una noticia relevante, para nosotros/as lo es. Es un retroceso enorme en términos de derechos humanos luego de 30 años de democracia.
Una sentencia que llama a ejecutar condenas tan graves sin pruebas no tiene una explicación racional o del sistema jurídico. Más bien, lo único que la explica es el intento de convertir a esas condenas en un castigo ejemplar: Quienes reciben las condenas habían sido partícipes de una pueblada en Las Heras en el 2006.
En esa revuelta, unos 500 manifestantes (en un pueblo de cerca de 3.000 personas) buscaban liberar a un dirigente sindical apresado en medio de un conflicto donde trabajadores petroleros luchaban por su correcto encuadramiento sindical (una modalidad de precarización) y contra las deducciones del impuesto a las ganancias en sus salarios. La movilización enfrentó una dura represión, pero el dirigente fue puesto en libertad.
Las condenas se refieren al presunto asesinato de un policía durante la revuelta. Sin embargo, no hay pruebas directas que involucren a los acusados. Se trata de “perejiles” que van a ser usados para que haya “algún culpable”. Incluso hay algunas evidencias que señalarían que el policía recibió un disparo desde la propia comisaría.
Por si no fuera suficientemente grave que haya condena sin pruebas, existen denuncias reiteradas de que tanto los acusados como los testigos fueron torturados para que declaren. El fiscal de la causa reconoció las torturas y en un acto de increíble desconocimiento del respeto a los derechos humanos, planteó que no era grave que en las comisarías se propinaran golpes.
Las torturas no quedaron solo en las comisarias. Se sumaron amenazas a las familias, en un contexto de militarización del pequeño pueblo (contó con la presencia de 200 gendarmes). La gente llegó a pedir asilo en la Iglesia local por miedo a los aprietes de la policía (en las calles e incluso en las casas).
Creemos que la movilización puede ser la llave para lograr que la apelación a la condena prospere. En distintas zonas del país, organizaciones políticas, gremiales y sociales impulsan “comités” por la absolución de los petroleros: Mendoza, Santa Fé, Rosario, Lomas de Zamora, Quilmes, Gran Buenos Aires Zona Norte y Bahía Blanca. Desde ellos se han organizado festivales, actos, volanteadas, videos, movilizaciones, pintadas y muchas cosas más.
Acompañamos esas iniciativas de organizarnos para evitar esta injusticia e impulsamos la actividad de la Junta Interna de ATE de difundir el tema organizando una actividad en el local.
Nos vemos el martes!!!
